Plan Nacional de Reformas
Ante la durísima realidad de la destrucción de empleo y de la recesión económica, el Gobierno aprobó el 26 de abril su Plan Nacional de Reformas 2013-2016, negociado con la Unión Europea para que ésta admita ampliar hasta 2016 el plazo de reducción del déficit público español al 3% del PIB (valor en euros de todos los bienes y servicios producidos en España durante un año). En 2011 ese déficit fue del 8,96%, y en sólo tres años resulta imposible reducirlo al 3%.
La primera parte del Plan se centra en los avances conseguidos durante 2012 para reducir el déficit público (dos puntos menos que en 2011), disminuir el coste de la deuda pública, reforzar el sector financiero y mejorar la financiación al sector público y a las grandes empresas, bajar los precios de venta y de alquiler de las viviendas, aumentar la competitividad de las empresas al bajar los costes laborales, e incrementar y diversificar las exportaciones españolas.
Detrás de esos avances hay un grandísimo sacrificio de muchos españoles: unos han perdido su puesto de trabajo, o han visto reducida su jornada laboral; otros siguen trabajando igual o más horas, pero a cambio de menos ingresos; algunos servicios públicos han desaparecido, y otros han disminuido su calidad; y todos pagamos más impuestos directos e indirectos.
¿Serán suficientes esos sacrificios para enderezar la situación?
El Gobierno afirma que España está alcanzando las condiciones macroeconómicas necesarias para que, unidas a las reformas enumeradas en su Plan, la financiación de los Bancos llegue a las pequeñas y medianas empresas, y a las familias, y podamos salir de la recesión económica en 2014, y aumentar el número de trabajadores empleados ya en 2015.
Las reformas anunciadas se basan en los siguientes ejes: continuar saneando las cuentas públicas, reduciendo gastos y aumentando los ingresos; reformar la administración pública, comenzando por la administración local, que es la de menor tamaño y coste; impulsar planes de empleo; apoyar a los emprendedores nacionales e internacionales; eliminar el aumento automático de los precios y costes en función sólo del IPC; realizar la unidad de mercado y la racionalización de las normas en todo el territorio nacional, superando las barreras autonómicas; mejorar la regulación de los servicios y colegios profesionales; y promover el buen gobierno y la responsabilidad social corporativa de las grandes empresas.
El tiempo pasa y esas anunciadas grandes reformas no pueden esperar. Una de las causas de la pésima situación en que se encontraba la economía española en 2011 fue que el Gobierno de la Nación de 2008 a 2011 primero negó la crisis, y después no supo reaccionar ante ella. Sería una tragedia para todos los españoles que el actual Gobierno, pese a su mayoría parlamentaria, cayera en los mismos errores que el anterior.